Hacen llamado a revertir efectos de la Reforma en materia Penal

Redacción. Xalapa. Es urgente que tanto diputados locales, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos impulsen una acción de inconstitucional para revertir los efectos de la reforma al Código Penal del Estado en el tema de ultrajes a la autoridad, incluso, ir más allá y abrogar dicho tipo penal, consideraron representantes de organizaciones civiles del estado de Veracruz.

En conferencia de prensa representantes de la organización civil organizada, de la academia recordaron que se tienen solo 30 días naturales después de la publicación de la reforma para poder interponer este y recordaron que se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el pasado 11 de marzo y entró en vigor el 12 de mismo mes.

María Adriana Fuentes leyó el comunicado en donde se dio a conocer que Veracruz, de acuerdo a la organización Artículo 19 ha documentado casos en los que el tipo penal de ultrajes a la autoridad ha sido utilizado para restringir la labor periodística, el derecho a la protesta y la libertad de expresión, por lo que dicha reforma posibilita el uso arbitrario de este tipo penal.

Las organizaciones y académicos expertos en Derecho aseguran que la reforma hecha al Código Penal tiene una redacción vaga e imprecisa, carente de toda técnica legislativa, que permite la criminalización de conductas que bien podrían concurrir en otros tipos penales existente, ocasionando una interpretación indebida y arbitraria tanto por los operadores de la investigación como por autoridades judiciales.

Destacó que de acuerdo a una investigación de Víctor Manuel Andrade Guevara, investigador del Instituto Histórico Sociales de la UV, la Secretaría de Seguridad Pública es la segunda dependencia del Poder Ejecutivo con más recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 2020, solo por debajo de la Fiscalía General del Estado, la mayoría relacionadas con detenciones arbitrarias y tortura.

A nivel nacional, en el tema de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Veracruz ocupa el segundo lugar en recomendaciones emitidas por abusos policiacos con 129, solo por debajo de Guanajuato.

“Estas condiciones obligan que las acciones impulsadas por el Congreso del Estado deban ser tendientes a garantizar los derechos humanos y proteger a la ciudadanía y no como con esta reforma en la que se faculta a las autoridades a cometer mayores arbitrariedades, violaciones a derechos humanos y dejando un amplio margen de discrecionalidad e interpretación de la aplicación de la ley penal”.

Ante esta situación las organizaciones civiles y académicos solicitan: derogar el tipo penal de ultrajes a la autoridad previsto en el Artículo 331, así como el 371 relativo a los delitos contra las instituciones de seguridad pública del Código Penal de Veracruz; cumplir con su principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, al legislar en lo presente y futuro sin vaguedades o imprecisiones que permitan la arbitrariedad o interpretación en el Sistema de Justicia Penal.

Asimismo, solicita a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a cargo de Namiko Matzumoto Benitez y a las y diputados locales que presenten, de acuerdo a sus atribuciones constitucionales, la acción de inconstitucionalidad en tiempo y forma, para superar la cuestión de inconstitucionalidad y violación a derechos humanos que propicia la norma penal multicitada.

Y finalmente que se permita y genere un diálogo respetuoso y abierto, a través de un modelo de Parlamento abierto, en el que se escuchen las opiniones de las Organizaciones de la Sociedad Civil, la Academia y Ciudadanía.

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